En la última década no fue posible alcanzar y conciliar dos objetivos: crecimiento y equidad. El impulso económico entre 1990 y 1995 se logró sin un efecto redistributivo; no obstante, permitió reducir el porcentaje de nuestra población por debajo de la línea de pobreza al elevar al conjunto. La recesión a partir de 1998, y luego el default, la crisis y la devaluación, potenciaron el desempleo y acentuaron los extremos de pobreza y marginalidad. El posterior "veranito", caracterizado por la estabilidad del dólar y la caída de la inflación, muestra como contrapartida un deterioro del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Por otro lado, no hay actualmente un proceso de crecimiento sostenido, sino una reactivación aún incipiente, impulsada por algunos sectores de exportación y de sustitución de importaciones que han recuperado su rentabilidad y aumentado sus ventas, a pesar de las restricciones financieras. El consumo interno y las inversiones continúan deprimidos y el panorama de mediano plazo sigue oscurecido por la suspensión del crédito internacional y por la fuerte distorsión de precios relativos, en particular el retraso de los salarios y las tarifas públicas.

Nuestro desafío es crecer en forma genuina y sostenida y hacerlo en beneficio de toda la sociedad. Esto solo sucederá si se logran al menos estas condiciones: 1) seguridad jurídica, 2) solvencia fiscal estructural y sostenible, 3) reinserción internacional, 4) competitividad, 5) contención social, 6) orden y seguridad. Los tres primeros son los determinantes de la confianza. De ésta a su vez deriva la posibilidad de contar con una moneda propia, de disponer de un sistema financiero que atraiga depósitos y genere crédito en condiciones razonables, y de atraer inversiones.

La seguridad jurídica implica el pleno respeto a la ley, los contratos y la propiedad. Exige un Poder Judicial independiente y eficiente. Requiere ética pública y privada. Demanda un mínimo de seguridad pública. Está de más decir que nuestro país aún está distante de estos conceptos.

La solvencia fiscal no debe ser precaria, tal como se la está alcanzando hoy mediante recursos inflacionados y salarios y jubilaciones postergados. Debe lograrse mediante una profunda reforma del Estado que lo haga eficiente y fuerte en sus funciones indelegables, pero menos costoso y desburocratizado. La evasión debe ser controlada. La reinserción internacional debe, por lo pronto, evitar el default con los organismos multilaterales y, lo antes posible, lograr la renegociación de la deuda para cumplir luego y recuperar el crédito. La Argentina tiene que consolidar sus acuerdos de integración, pero en el marco de una mayor apertura que permita competitividad. A su vez, esa competitividad deberá encontrar sustento en un tipo de cambio razonable. La legislación laboral deberá reformarse, aumentando la flexibilidad, impulsando la productividad y alentando el empleo, favoreciendo así conjuntamente a los trabajadores y al país.

Con estas condiciones, y con crecimiento, será posible un vasto programa de contención social. De otro modo, igualmente habrá que asistir a los sectores marginados en una situación que no admite demoras, pero se lo hará limitadamente y sin perspectivas de cambio definitivo.

LA NACION 18-11-2002