La sociedad argentina sigue sin encontrar el camino adecuado para garantizar la seguridad pública. La crónica policial nos golpea todos los días con algún hecho brutal o sangriento que pone de manifiesto la incapacidad de las fuerzas del orden para evitar que la población continúe indefensa ante las acechanzas de la delincuencia.

El crecimiento que experimentó a lo largo de 2002 el delito de secuestro y las equivocadas e ineficaces respuestas que la autoridad le fue dando a ese sombrío fenómeno son un ejemplo aleccionador acerca de la falta de madurez profesional en los criterios y mecanismos utilizados en la lucha contra el crimen.

Cuando se advirtió, a principios de año, que el secuestro empezaba a convertirse en una plaga aterradora, las primeras conclusiones a que se arribó en las esferas de gobierno tendieron a subestimar la magnitud del fenómeno. Se dijo, por ejemplo, que el problema era preocupante pero no de extremada gravedad y se exhibieron datos comparativos con otros países que parecían respaldar esa impresión. Prevaleció entre las autoridades la idea de que la modalidad adoptada por el secuestro en la Argentina revelaba que estaba en manos de delincuentes improvisados, verdaderos amateurs del delito, carentes de organización y de una infraestructura criminal relevante o significativa. El hecho de que estuviera proliferando el llamado secuestro exprés fue tomado como un indicio de que nos encontrábamos ante un delito episódico, ejecutado en casi todos los casos con la finalidad de obtener sumas de dinero poco importantes (200 o 400 pesos por secuestro).

Se observó también que el delito se había instalado en una franja geográfica limitada, en comparación con la superficie total del territorio argentino. Y se afirmó que no había razones para suponer que los secuestros tenían vinculación con alguna de las instituciones encargadas de velar por el orden público ni con sectores de la política local. Finalmente, se alentó la idea de que el fenómeno estaba agrandado por el tratamiento mediático que se le estaba dando y se dijo, concretamente, que la percepción de la inseguridad era superior a la realidad de la inseguridad.

Se anunciaron nuevas políticas de prevención y represión, se reavivó el siempre estéril debate entre "garantistas" y partidarios de la "mano dura" (ejercicio retórico que nunca sirvió para avanzar hacia la construcción de un efectivo sistema de seguridad) y se creó una comisión presidencial para elaborar una legislación antisecuestro más severa. Sin embargo, hacia el segundo semestre del año el delito del secuestro siguió creciendo y, además, adquirió modalidades más "refinadas". La hipótesis del crimen geográficamente localizado se fue derrumbando y también la idea de que sus autores eran delincuentes desorganizados.

En el último trimestre se ha verificado la participación de policías en determinados secuestros, el delito se extendió más allá de las fronteras de la provincia de Buenos Aires, las sumas exigidas pasaron a ser astronómicas y los criminales mostraron un alto grado de organización. Los blancos escogidos ya no fueron individuos corrientes, sino personas reconocidas por la comunidad. Detrás de cada secuestro apareció el propósito de obtener grandes volúmenes de dinero y asomó también un mensaje intimidatorio dirigido al conjunto de la sociedad. El problema es ahora inocultablemente grave y podría desembocar en un caos de impredecible magnitud.

Como en otros países, comienzan a sentarse las bases de una verdadera industria criminal. Y surgen señales que denuncian un entrelazamiento de mafias al que no son ajenos sectores de la policía y aun de la vida política. Las mafias se mueven siempre territorialmente: lo primero que buscan es una zona liberada para sus crímenes y una estructura de impunidad. Hay policías que consienten esa nefasta apropiación del espacio y se entrelazan con algunas de las bandas de delincuentes. Los manejos turbios de esos guardianes del orden volcados al crimen encuentran protección en alguna instancia política y comienza a operar, de facto, un círculo vicioso antisocial, una suerte de "coalición del crimen" en el que mafias, policías corruptos y políticos cómplices se mueven como si formaran parte de un "matrimonio de conveniencia". La experiencia -la de nuestro país y la del mundo- indica que hay un punto en el que los vetustos clientelismos políticos tradicionales se transforman en una especie de cleptoclientelismo violento y descontrolado.

El error de diagnóstico inicial sobre los alcances del delito del secuestro es atribuible a tres factores. El primero: la falta de una estructura que facilite un análisis serio de la realidad social, Segundo: la ausencia de un consenso social y político para enfrentar el desbordante avance de la criminalidad. Tercero: la falta de una fijación de prioridades que tome en cuenta los rasgos esenciales de la realidad que se pretende modificar.

Para superar el primer factor hace falta contar con un sistema de datos homogéneos y unificados en los tres niveles: el nacional, el provincial y el municipal. Hoy la sociedad no tiene acceso a estadísticas, informaciones y análisis confiables en materia de seguridad pública. Y hace falta, por supuesto, una estructura sólida y bien equipada de prevención y seguimiento del crimen.

Para neutralizar el segundo factor es imprescindible alentar la formación de un consenso ciudadano y político que otorgue pleno respaldo y completa legitimidad a las políticas de seguridad y que fortalezca los lazos de confianza entre la población y las fuerzas policiales.

El tercer factor -la falta de un orden de prioridades ajustado a la gravedad de la situación que se vive- convoca a la puesta en marcha de una reforma policial basada en acciones permanentes y no circunstanciales. Y también a la instrumentación de una estrategia social orientada a dar contención y educación a los jóvenes y a promover los valores que pueden cerrarle el camino a la delincuencia: la ética del trabajo, el imperio de la ley, la no apropiación privada de los bienes públicos y el rechazo de toda forma de arbitrariedad.

El problema de los jóvenes es central. En la Argentina, como en muchos otros países, las víctimas y los victimarios de los delitos provienen cada vez más del segmento juvenil. Es necesario evitar que ocurra en nuestro suelo lo que ya está pasando en otras naciones: una deformación notoria de la pirámide demográfica, causada por un aumento traumático de la mortalidad en la franja de los 15 a los 25 años. No hay que errar en los diagnósticos. Hay que establecer con rigor las prioridades. Y, además, hay que poner ya mismo manos a la obra, sin esperar a que la realidad nos siga golpeando.

La Nación 17-11-2002