La Argentina está experimentando una desembozada lucha para apropiarse de patrimonios ajenos, por parte de políticos, empresarios y otros, con el auspicio de los primeros. Esa lucha sin límites genera la estampida de los conflictos. Todo el resto son nubes de humo para taparlos.

El mundo se desarrolló cuando descubrió que el negocio mayor de las sociedades es encontrar las coincidencias para crecer todos juntos. Es el sistema de creación de riqueza que corresponde a la gente imaginativa y respetuosa de lo ajeno, base de la democracia. Así lo hacen todos los países avanzados.

En el Tercer Mundo y los bananeros, por el contrario, lo que ocupa las mayores energías es sacarle algo al resto. Son democracias deficientes o dictaduras. Ese juego expropiatorio es frustrante y por eso son pobres y la gente huye.

Ahora, nuestras principales actividades son los cacerolazos, piquetes, represión y colas en los bancos y casas de cambio. En poco tiempo comenzaremos a experimentar la asfixiante pérdida de libertades. Estamos retrocediendo hasta antes de la reorganización nacional, cuando la Constitución de 1853 procuró sellar un compromiso de respeto por la propiedad, único en América latina, que nos llevó a disfrutar de los beneficios de la prosperidad y a la construcción del milagro argentino. De un desierto edificamos una nación de oportunidades para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar nuestro suelo. Y vinieron millones.

El «corralito» es sólo una manifestación de ese apoderamiento de patrimonios ajenos. Ante el pavor de la administración De la Rúa-Cavallo, la gente comenzó una huida de sus inversiones en el país, para no ser expropiada, que se aceleró a fines de noviembre de 2001. También huyeron de bonos y empresas, sin que los políticos reaccionaran, ofreciendo seguridades de que no expropiarían. Las siguientes autoridades iniciaron su gestión removiendo dos escollos a sus afanes. El default y la Ley de Convertibilidad. En su visión, el primero les daría acceso a los fondos asignados para atender las obligaciones. El segundo, la ley más odiada por los dirigentes salteadores, las excusaría del «cerrojo cambiario», un eufemismo para la restricción presupuestaria y el control de gestión. En efecto, la emisión ya autorizada eliminaría la necesidad de recaudar; la inflación que vendrá impedirá la comparación de costos, esencial para controlar la eficacia de los gastos. Pero esa inflación también les negará los recursos que pretenden. El desdoblamiento del mercado cambiario les facilita la discrecionalidad. A unos le pesifican a 1, a otros a 1,4. Los menos amigos tendrán que pagar en dólares libres.

Pero, no satisfechos, intentan modificar la Ley de Quiebras y otras medidas que alteraran los patrimonios individuales de todos.

Esta nueva Argentina verá sustituir los mercados por regulaciones administrativas, los conflictos irán en aumento y darán lugar a «comisiones investigadoras para deslindar responsabilidades e investigar hasta las últimas consecuencias» porque la gente no se comporta como ordenan las autoridades. Ya hay «denuncias» y pedidos de informes de la huida de 20.000 millones de depósitos. El espíritu de la denuncia es similar al de funcionarios, en procura de méritos, que investigaron porque huían los judíos y otros opositores al régimen en la Alemania nazi. Esa huida de capitales no es sorprendente y fue anticipada desde esta misma columna de Ambito Financiero, desde marzo, y meses subsiguientes de 2001.

No termina ahí. Al pretender sustituir la convertibilidad por la pesificación nos quieren dar papelitos sin respaldo, como los «espejitos» que los españoles daban a los indígenas.

«Todo país serio tiene su moneda», nos contestan. La demanda de pesos se sustentaba en el compromiso de cambiarlo por un dólar. Al eliminarse el respaldo, la demanda de pesos se evaporará, pudiendo caer en más de 80%, según sea la inflación.

Un gobierno que, en menos de un mes, incumple todos sus compromisos, con los deudores garantizados, con las empresas privatizadas, con los depositantes bancarios, con los acreedores particulares, con todos sus conciudadanos al abolir todos los contratos entre particulares, ahora nos exige recibir papeles que llaman moneda. Nuestros dirigentes nos piden confianza, al tiempo que se sorprenden de la situación del país, como si no hubieran ocupado puestos relevantes, desde hace demasiado tiempo. Posiciones que en los países serios exigirían responsabilidad. ¿Por qué no nos explican por qué devaluaron y nos metieron en este berenjenal? El Congreso Nacional comparte este programa con entusiasmo. Ahora todo vale.

Necesitamos protección internacional para detener las acciones del gobierno en perjuicio de los patrimonios privados. Pero la población no se dejará expropiar fácilmente. No iremos a Auschwitz mansamente. A pesar de todos sus planes, procuraremos eludir la expoliación. Porque la finalidad del Estado es proteger los bienes privados. Sin protección de la Justicia, la mejor contribución de la comunidad internacional con el pueblo argentino sería protegerlo de sus gobernantes. Después del Holocausto se adoptaron leyes internacionales contra el genocidio, la acción del Estado contra su propia gente. En un libro sobre la pobreza, que estoy terminando, propongo extender los tratados internacionales para limitar los poderes de las dirigencias, cuando empobrecen a sus pueblos. La propiedad privada, incluyendo a la persona, es esencial y merece protección internacional, para la estabilidad del planeta. Las naciones responsables del mundo deberían sancionar urgentemente un código de protección a la persona en su integridad. No se debería tolerar la disolución de la riqueza para beneficio de minorías. Los odios que alimentan el terrorismo se nutren de fracasos. Vejar a un pueblo, quitándole su patrimonio, involucra un comportamiento tan criminal como el de los genocidas. El régimen político que sobrevendrá a éste podría aprobarlo.