El fracaso del antimodelo

Por Pablo Rojo

Para LA NACION

La economía de libre mercado que la Argentina construyó durante la década del 90 sobre la base de la transferencia de empresas estatales al sector privado, la desregulación, la apertura externa y fundamentalmente una moneda sana y fuerte tuvo numerosos y constantes detractores. Era una economía exigente: los sueldos en dólares de los trabajadores eran altos (sobre todo comparados con los del resto de América latina), las empresas debían invertir y modernizarse o enfrentar el riesgo de desaparición, para ganar mercados externos había que ofrecer buenos productos, ya que no podía contarse con mano de obra barata, y la competencia de productos extranjeros en el mercado local había permitido a los argentinos comparar precio y calidad, como debe ser.

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La mayoría de las empresas adoptó las nuevas reglas de juego, y potenciadas por la importante mejora en la calidad de la infraestructura la producción y las exportaciones crecieron en calidad y cantidad durante la década última como nunca en toda la historia (60% el PBI y 150 por ciento las exportaciones).

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También hubo puntos oscuros: la mayor exigencia laboral condenaba a los sectores con escasa formación técnica o de edad más avanzada a dolorosas reconversiones y largos períodos de desempleo; las políticas sociales de inclusión no estuvieron a la altura de estas nuevas exigencias, y el aparato formal de educación tardó y tarda aún en incorporar las nuevas demandas de capacitación.

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Detractores

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Los críticos y detractores del "modelo" terminaron ganando la partida, más por falta de liderazgos claros que por nuevos consensos sociales, ya que cuando se derogó la convertibilidad el 80% de los argentinos estábamos a favor de mantenerla. Su prédica fue fundamentalmente ideológica y sus argumentos económicos, conceptualmente pobres, aunque contundentes: los salarios en dólares eran demasiado altos para competir con el extranjero y aumentar las exportaciones, la falta de competitividad no permitía crear empleos para reducir la desocupación, la carga de la deuda pública era tan alta que retraía recursos para mejorar las políticas sociales y la educación, las empresas que invirtieron y se modernizaron ganaban demasiada plata. Había que devaluar, defaultear la deuda pública y castigar a las empresas eficientes y modernas.

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Los resultados están a la vista: el desempleo creció hasta niveles insoportables e inéditos en toda nuestra historia; millones de familias han caído en la pobreza; la producción se desploma más del 10%, y, colmo de los colmos las exportaciones, por primera vez en una década se derrumban (15% de caída en agosto). Ante el mundo somos una nación excluida y mendicante, y ante nuestros ojos vemos resquebrajarse el contrato social.

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Nunca antes ideas tan primitivas y simplistas como las que esgrimieron los detractores del "modelo" fueron causantes de tanta destrucción y sufrimiento.

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Reconstruir la economía y restablecer el contrato social necesitará de un fuerte liderazgo político, no para imponer nuevos sacrificios, ya que los realizados son excesivos y desgraciadamente inútiles, sino para promover las transformaciones y doblegar las resistencias. En primer término hay que iniciar el proceso de reconstrucción del poder adquisitivo de los salarios sin afectar los costos de empresas al borde de la quiebra por la recesión y la desaparición del crédito; en segundo lugar construir una moneda fuerte y estable (convertible) que vuelva a darle sentido al ahorro y permita que renazca el crédito, y finalmente encarar la transformación de las instituciones federales.

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Nuestro sistema impositivo está agotado. Es incapaz de asegurar la estabilidad de los ingresos fiscales a pesar de sus alícuotas exuberantes y penaliza excesivamente los factores más deprimidos por la crisis, tales como el trabajo y el consumo. Será necesario reducir drásticamente los impuestos al trabajo y volcar estas reducciones al aumento del poder adquisitivo de los salarios, alivianar la carga del IVA llevando la alícuota del 21 a por lo menos el 15% y suprimir todos los privilegios y exenciones.

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Las retenciones a las exportaciones deberán ser reducidas hasta su eliminación total a medida que la reactivación del consumo y la producción amplíen la base tributaria de los impuestos más racionales (IVA y ganancias). El restablecimiento de la plena independencia del Banco Central, la prohibición absoluta de usar la maquinita para financiar el déficit público y límites muy estrictos a los redescuentos a la banca comercial deben nuevamente convertirse en los pilares de la fortaleza de la moneda, que como los argentinos aprendimos dolorosamente es el mayor resguardo de nuestros ingresos y ahorros.

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Un nuevo y definitivo régimen federal debe completar la reconstrucción de nuestra institucionalidad económica, llevando en el nivel local la plena responsabilidad de la prestación de todos los servicios estatales y correlativamente la cobranza de los impuestos de base personal, además de los tradicionales de patentes e inmobiliario. Finalmente, todos los estamentos del Estado argentino deben adoptar el compromiso permanente del equilibrio fiscal, que deberíamos incorporar a nuestro ordenamiento constitucional.

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Con un liderazgo claro y firme, estas premisas de política económica pueden contribuir a una rápida recuperación del crecimiento, desandando el camino de la decadencia y la destrucción que emprendimos durante los últimos años.

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El autor es economista y fue secretario de Desregulación Económica.

.<< Comienzo de la notaLa economía de libre mercado que la Argentina construyó durante la década del 90 sobre la base de la transferencia de empresas estatales al sector privado, la desregulación, la apertura externa y fundamentalmente una moneda sana y fuerte tuvo numerosos y constantes detractores. Era una economía exigente: los sueldos en dólares de los trabajadores eran altos (sobre todo comparados con los del resto de América latina), las empresas debían invertir y modernizarse o enfrentar el riesgo de desaparición, para ganar mercados externos había que ofrecer buenos productos, ya que no podía contarse con mano de obra barata, y la competencia de productos extranjeros en el mercado local había permitido a los argentinos comparar precio y calidad, como debe ser.

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La mayoría de las empresas adoptó las nuevas reglas de juego, y potenciadas por la importante mejora en la calidad de la infraestructura la producción y las exportaciones crecieron en calidad y cantidad durante la década última como nunca en toda la historia (60% el PBI y 150 por ciento las exportaciones).

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También hubo puntos oscuros: la mayor exigencia laboral condenaba a los sectores con escasa formación técnica o de edad más avanzada a dolorosas reconversiones y largos períodos de desempleo; las políticas sociales de inclusión no estuvieron a la altura de estas nuevas exigencias, y el aparato formal de educación tardó y tarda aún en incorporar las nuevas demandas de capacitación.

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Detractores

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Los críticos y detractores del "modelo" terminaron ganando la partida, más por falta de liderazgos claros que por nuevos consensos sociales, ya que cuando se derogó la convertibilidad el 80% de los argentinos estábamos a favor de mantenerla. Su prédica fue fundamentalmente ideológica y sus argumentos económicos, conceptualmente pobres, aunque contundentes: los salarios en dólares eran demasiado altos para competir con el extranjero y aumentar las exportaciones, la falta de competitividad no permitía crear empleos para reducir la desocupación, la carga de la deuda pública era tan alta que retraía recursos para mejorar las políticas sociales y la educación, las empresas que invirtieron y se modernizaron ganaban demasiada plata. Había que devaluar, defaultear la deuda pública y castigar a las empresas eficientes y modernas.

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Los resultados están a la vista: el desempleo creció hasta niveles insoportables e inéditos en toda nuestra historia; millones de familias han caído en la pobreza; la producción se desploma más del 10%, y, colmo de los colmos las exportaciones, por primera vez en una década se derrumban (15% de caída en agosto). Ante el mundo somos una nación excluida y mendicante, y ante nuestros ojos vemos resquebrajarse el contrato social.

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Nunca antes ideas tan primitivas y simplistas como las que esgrimieron los detractores del "modelo" fueron causantes de tanta destrucción y sufrimiento.

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Reconstruir la economía y restablecer el contrato social necesitará de un fuerte liderazgo político, no para imponer nuevos sacrificios, ya que los realizados son excesivos y desgraciadamente inútiles, sino para promover las transformaciones y doblegar las resistencias. En primer término hay que iniciar el proceso de reconstrucción del poder adquisitivo de los salarios sin afectar los costos de empresas al borde de la quiebra por la recesión y la desaparición del crédito; en segundo lugar construir una moneda fuerte y estable (convertible) que vuelva a darle sentido al ahorro y permita que renazca el crédito, y finalmente encarar la transformación de las instituciones federales.

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Nuestro sistema impositivo está agotado. Es incapaz de asegurar la estabilidad de los ingresos fiscales a pesar de sus alícuotas exuberantes y penaliza excesivamente los factores más deprimidos por la crisis, tales como el trabajo y el consumo. Será necesario reducir drásticamente los impuestos al trabajo y volcar estas reducciones al aumento del poder adquisitivo de los salarios, alivianar la carga del IVA llevando la alícuota del 21 a por lo menos el 15% y suprimir todos los privilegios y exenciones.

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Las retenciones a las exportaciones deberán ser reducidas hasta su eliminación total a medida que la reactivación del consumo y la producción amplíen la base tributaria de los impuestos más racionales (IVA y ganancias). El restablecimiento de la plena independencia del Banco Central, la prohibición absoluta de usar la maquinita para financiar el déficit público y límites muy estrictos a los redescuentos a la banca comercial deben nuevamente convertirse en los pilares de la fortaleza de la moneda, que como los argentinos aprendimos dolorosamente es el mayor resguardo de nuestros ingresos y ahorros.

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Un nuevo y definitivo régimen federal debe completar la reconstrucción de nuestra institucionalidad económica, llevando en el nivel local la plena responsabilidad de la prestación de todos los servicios estatales y correlativamente la cobranza de los impuestos de base personal, además de los tradicionales de patentes e inmobiliario. Finalmente, todos los estamentos del Estado argentino deben adoptar el compromiso permanente del equilibrio fiscal, que deberíamos incorporar a nuestro ordenamiento constitucional.

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Con un liderazgo claro y firme, estas premisas de política económica pueden contribuir a una rápida recuperación del crecimiento, desandando el camino de la decadencia y la destrucción que emprendimos durante los últimos años.

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El autor es economista y fue secretario de Desregulación Económica.

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