Por Enrique Blasco Garma.-
Existen tres tipos de sociedades. Estado capitalista: constituido para defender la propiedad. Genera máximos beneficios y mínimos conflictos. Estado comunista: donde todos los bienes son expropiados a favor del Estado. Los funcionarios deciden la ocupación de la gente, su lugar de residencia. Gran ineficiencia y conflictos. Estado saqueador: donde todas y cada una de las propiedades están a merced de los funcionarios del Estado. El conflicto es máximo y por eso dura poco tiempo.
Nuestro país acaba de sustituir el capitalismo por la inseguridad jurídica más agravada. Estamos presenciando la más grande redistribución y disolución de propiedades de la historia. El abandono de la Ley de Convertibilidad y la imposición de un control de cambios, el congelamiento de depósitos bancarios («corralito»), la reforma a la Ley del Banco Central y abolición de las limitaciones a la emisión monetaria, a la ley de quiebras, las disposiciones acerca de tipos de cambio distintos para contratos específicos, a $ 1, a $ 1,4, al denominado cambio libre y el resto de los poderes especiales otorgados por el Congreso al Poder Ejecutivo resultan en la más amplia capacidad para redistribuir y disolver riqueza, desde la organización de 1853.
Como sabemos, cuando los funcionarios tienen facultades que generan rentas a personas determinadas, siempre son incentivados a utilizarlas. La continua alteración de normas y leyes confirma la desaparición del derecho de propiedad, consagrado en nuestra ley fundamental desde 1853. Ahora, la Constitución ha sido reformada de hecho, y el nuevo artículo debería decir: «En la República Argentina, toda propiedad es una concesión del Poder Ejecutivo, con la gracia del Congreso, con los continuos cambios que imponga».
Sin reglas, la propiedad, el verdadero motor del crecimiento y la causa principal de la riqueza de las naciones, como intento mostrar en el libro «Dolarizar: el fin de las monedas nacionales», se evaporan. Sin propiedad segura, sobrevienen la pobreza y la disolución de la organización social.
Propiedad, que abarca todos los derechos, incluso las libertades individuales de expresión, transitar, fijar domicilio y ejercer actividades productivas. Y éstas también peligran cuando se pisotea la propiedad. Como resultado de esas facultades, los funcionarios harán «justicia» por su propia mano. Algunas empresas «productivas, perjudicadas por el modelo» verán disminuidos sus pasivos, a costa de otras empresas o particulares. Depositantes bancarios son castigados en proporción al crimen de haber confiado en la ley argentina. Quien más patrimonio confió más perdió. Unos 3 millones de depositantes, pequeños y medianos, perderán su patrimonio para beneficio de algunos empresarios. Los salarios y otros ingresos de los demás argentinos están a merced de la emisión monetaria. (Utilizo demás argentinos, porque parece que estamos de más. Rechazamos la postulación a la presidencia del doctor Duhalde, en 1999, y hoy ocupa ese cargo para cumplir un programa que no fue votado por la ciudadanía). Cada una de las naciones que han respetado la propiedad, durante suficiente tiempo, encabeza los registros de prosperidad e ingreso de sus habitantes. Cada una de las que la pisotearon, por suficiente tiempo, está en la cola de esos registros. Y la pobreza, que es la expresión de la debilidad de la propiedad, no viene sola.
Prohibición
Sin propiedad, tampoco hay libertad. Por ello, no existe ningún otro estado organizado para despojar a sus ciudadanos, en todo el mundo civilizado. La conjunción de voluntades de los miembros del Congreso y del Ejecutivo, con la anuencia de la Justicia, para saquear a haciendas privadas y estatales no tiene paralelo. Nuestra Constitución de 1994 prohíbe taxativamente, artículo 17, la expropiación sin compensación. El artículo 29 determina: «El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria».
Como antes de 1853, Buenos Aires lidera el poder político nacional. Sin embargo, como antes de 1853, el poder real está en manos de los gobernadores provinciales.
Como antes de 1853, el honor y la propiedad de los argentinos están en riesgo por poderes conferidos a funcionarios bonaerenses.
Maquiavelo aconseja que «sobre todo el Príncipe debe respetar la hacienda ajena, porque la gente puede olvidar al asesino del padre o de un hermano, pero jamás al que saqueó su propiedad... Nunca faltarán pretextos para arrebatar bienes ajenos, y quien empieza a vivir de la rapiña encuentra siempre motivos para apoderarse de lo de los demás».
Los dirigentes saqueadores despiertan tantos conflictos que se mantienen por poco tiempo, como atestigua la historia de la Edad Media.
De todos los descubrimientos, el de la propiedad privada fue el que más incentivó el extraordinario avance mundial. En un libro que intento concluir pronto, muestro que el éxito de las naciones, la principal diferencia en la riqueza de sus pueblos, radica en la calidad de la protección de la propiedad. Las sociedades se constituyen para generar riqueza, encontrando formas para reconocer y ampliar los derechos individuales. Cuando estas garantías desaparecen, cesa la voluntad de los socios. Deja de ser conveniente la existencia de ese estado o el cargo de esos dirigentes.
Una nación está condenada de antemano cuando el principal negocio de sus habitantes pasa a ser el despojo a sus conciudadanos, por razón de resoluciones administrativas. Ahora, el poder de la ley ha sido reemplazado por el de los funcionarios. La economía argentina ocupaba el lugar 19 entre las más grandes de las 200 naciones del mundo, antes del advenimiento del doctor Duhalde. La presente administración arrojará un grave retroceso. Recordemos que, cuando el doctor Alfonsín abandonó sus responsabilidades presidenciales, el ingreso promedio de los argentinos arañaba los 2.200 dólares; en 2000, el último sin convulsiones, después de 3 largos años de recesión, orillaba los 7.800, casi 4 veces superior al legado del ex presidente. Los argentinos tenemos mucho que perder todavía. La derrota de Malvinas signa la disolución del poder político de los militares. El actual otorgamiento de la suma del poder para ofender el honor y la propiedad de los argentinos marca el descalabro del actual sistema político. Tenemos que reconstruir la sociedad argentina. Es la primera tarea de todos, porque en un Estado saqueador, nadie ha podido vivir.
Publicado en Ambito Financiero el 22/01/2002